Panamá y Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que formaliza la cooperación en actividades de seguridad en territorio panameño. Este acuerdo, firmado entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, establece el marco para el uso de instalaciones estratégicas en Panamá por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, a fin de realizar misiones conjuntas de entrenamiento y actividades humanitarias.
A pesar de las preocupaciones planteadas por algunos sectores, tanto en Panamá como en el ámbito internacional, las autoridades panameñas han subrayado que el acuerdo no implica la cesión de control sobre el Canal de Panamá ni la creación de bases militares extranjeras permanentes en el país.
El MoU, que entró en vigor el 9 de abril de 2025 y tendrá una duración inicial de tres años, renovable por plazos similares, autoriza el uso rotacional de tres instalaciones militares clave: la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez (anteriormente conocida como la Base Aérea Howard), la Base Naval Vasco Núñez de Balboa (anteriormente Rodman Naval Station) y la Base Aérea Cristóbal Colón. Estas bases permitirán realizar operaciones conjuntas en el aire y en el mar, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad de las fuerzas de ambos países y fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado.
El Ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Abrego, aclaró que este acuerdo no implica la creación de bases permanentes ni la cesión de soberanía sobre el Canal de Panamá, un punto clave para muchos en el país. Abrego enfatizó que el acuerdo respeta la Constitución panameña y el Tratado de Neutralidad de 1977, que garantiza la neutralidad del Canal y establece el marco legal para la cooperación militar en el área. En este sentido, Panamá mantendrá el control administrativo de las instalaciones y podrá autorizar el acceso de las tropas estadounidenses según sea necesario, siempre dentro del marco legal acordado.
El acuerdo también excluye la posibilidad de que se establezcan bases permanentes de EE. UU. en Panamá, un tema que había generado preocupación entre sectores críticos dentro del país, quienes temían que el pacto pudiera comprometer la soberanía nacional. Los términos del MoU estipulan que todas las actividades realizadas por el personal militar y los contratistas estadounidenses deben cumplir con las leyes panameñas, y que las instalaciones se usarán para fines rotativos de entrenamiento, operaciones humanitarias y ejercicios conjuntos, siempre bajo la supervisión de las autoridades panameñas.
Además, el acuerdo se enmarca en un contexto de creciente competencia geopolítica, especialmente en relación con la influencia de China en la región. El gobierno estadounidense ha señalado que el fortalecimiento de su cooperación con Panamá responde a la necesidad de contrarrestar lo que considera una "influencia maligna" de Beijing en América Latina, particularmente en la zona del Canal. En este sentido, el Secretario de Defensa de los EE. UU., Pete Hegseth, destacó la importancia estratégica del Canal de Panamá para Estados Unidos y subrayó que la cooperación en defensa y seguridad es crucial para garantizar la estabilidad en la región.
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el regreso de las operaciones conjuntas en la jungla, que se llevarán a cabo bajo el marco de la revitalización del ejercicio PANAMAX, que se retomará en 2026. Este ejercicio, que involucra a fuerzas de múltiples países, se ha centrado tradicionalmente en la protección del Canal de Panamá y en la respuesta ante situaciones de crisis regionales.
El acuerdo también establece un mecanismo para la compensación de los servicios prestados a los buques militares, sin que implique costos adicionales para Panamá, ya que cada país será responsable de cubrir los gastos operativos relacionados con las actividades realizadas en conjunto. Además, se ha acordado una cooperación más estrecha en áreas como la educación militar profesional y la capacitación, con el fin de fortalecer las capacidades de ambos países en materia de seguridad.
Si bien el acuerdo ha sido recibido con optimismo por parte del gobierno panameño y autoridades estadounidenses, no ha estado exento de controversia. Grupos de oposición en Panamá, incluidos sindicalistas y sectores de la sociedad civil, han expresado su rechazo al acuerdo, argumentando que puede poner en riesgo la soberanía del país y abrir la puerta a una mayor presencia militar extranjera en la región. No obstante, tanto el gobierno panameño como los funcionarios de Estados Unidos han insistido en que el acuerdo es un paso hacia una mayor cooperación en temas de seguridad regional, sin comprometer la independencia de Panamá.
En cuanto a las reacciones internacionales, la firma del MoU ha generado una respuesta negativa desde China, que ha cuestionado el fortalecimiento de los lazos militares entre Panamá y Estados Unidos. Pekín ha expresado su preocupación por la implicación de Washington en la región y ha lanzado una revisión antimonopolio de la venta de puertos de Panamá a un consorcio liderado por BlackRock, lo que refleja el interés de China por mantener su influencia en la infraestructura crítica de la región.
El MoU firmado el 9 de abril de 2025 es solo el último capítulo de una relación de larga data entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. En los últimos cinco años, Washington ha proporcionado más de 230 millones de dólares en asistencia en seguridad a Panamá, en un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y otros desafíos regionales. El acuerdo subraya el compromiso continuo de ambos países para abordar las amenazas comunes y garantizar la seguridad y estabilidad en un contexto de creciente rivalidad global.
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