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La Policía Nacional de Colombia ha sumado un nuevo avión de transporte ejecutivo a su flota de aeronaves, esta vez un Embraer ERJ 145XR, adquirido por un valor de 12,4 millones de dólares. La compra, que se realizó a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) con el Consorcio Fasca —integrado por las compañías South Cross Aircraft y Florida Aeronautic Solutions— se concretó nueve meses después de que la Contraloría General de la Nación cerrara una investigación relacionada con una adquisición similar, un Embraer Legacy 600. En esa ocasión, la polémica giró en torno a los lujos del aparato adquirido y las verdaderas necesidades de la institución.

La llegada del nuevo avión a Bogotá ha despertado cuestionamientos sobre su costo y las modificaciones realizadas al avión. Según denuncias anónimas, el aparato fue modificado a un estándar similar que emula un Embraer Legacy, un modelo ejecutivo de una gama superior. "Bien pagado, ese avión costaría máximo 9 millones de dólares", sostiene una de las denuncias recibidas por el diario El Tiempo, que además menciona a una empresa relacionada con un episodio de narcotráfico como posible vendedora.

Fuentes oficiales han defendido la adquisición, argumentando que el avión tiene solo 6.000 horas de vuelo, un uso significativamente bajo en comparación con otros aparatos de la misma serie, y que fue sometido a un mantenimiento exhaustivo antes de su compra. Además, indican que el aparato cuenta con motores y aviónica de un Legacy, lo que justificaría, según estas fuentes, el precio elevado. 

Este avión forma parte de un proyecto de inversión más amplio, con un valor estimado de 53,3 millones de dólares, que busca fortalecer la capacidad aérea de la Policía. En el marco de este proyecto, también se prevé la compra de otras aeronaves, como un ATR-42 y un Cessna Caravan, para mejorar la cobertura nacional y la capacidad de respuesta de la fuerza policial.

La adquisición del Embraer ERJ 145 por parte de la Policía Nacional ha generado dudas sobre la pertinencia y necesidad de invertir en un aparato de estas características. Si bien se han esgrimido razones como la renovación de la flota y la optimización de los servicios de transporte aéreo, surgen interrogantes respecto a la justificación de adquirir un avión de estas características.

El plan de renovación de la flota aérea policial no solo ha sido criticado por sus elevados costes, sino también por la falta de claridad en sus objetivos. Según documentos oficiales, el propósito del proyecto es aumentar la capacidad operativa y reducir la cantidad de modelos en uso para optimizar la logística y el mantenimiento. Sin embargo, la inclusión de aviones ejecutivos de lujo parece ir en contra de esta lógica, especialmente cuando la institución enfrenta desafíos significativos en el terreno.

El propio director de la Policía, el general William René Salamanca, ha reconocido la polémica y solicitado que solo se adquiera uno de los tres aviones inicialmente proyectados, devolviendo el resto del presupuesto al Ministerio de Hacienda para que se destine a programas de apoyo para el personal policial. 
A pesar de este gesto, queda la duda sobre si la Policía Nacional necesita aviones de pasajeros tan sofisticados y en gran número para cumplir con sus misiones constitucionales o si este tipo de compras responde a intereses ajenos a las necesidades operativas reales de la institución. 

En los últimos años, la Aviación de la Policía de Colombia ha conformado una flota tan amplia y moderna que podría rivalizar con la de cualquier aerolínea comercial regional. Estas aeronaves se utilizan regularmente para el transporte de altos funcionarios del gobierno, así como de senadores y representantes a la Cámara, en vuelos chárter solicitados por las principales instituciones del país. Esto ha convertido, en la práctica, a la Aviación de la Policía de Colombia en una aerolínea gubernamental de facto.

La adquisición del Embraer ERJ145 plantea una cuestión más profunda sobre las prioridades y la gestión de recursos en la Policía Nacional de Colombia. En un contexto en el que el país enfrenta problemas de seguridad complejos y la demanda por una presencia efectiva de las fuerzas del orden en zonas críticas es alta, resulta difícil justificar la compra de un avión ejecutivo adaptado a un coste considerable.

La polémica adquisición debería debería abrir un debate más amplio sobre la gestión de los recursos públicos en una institución tan crítica para la seguridad nacional. En última instancia, la verdadera pregunta es si la Policía necesita este tipo de aeronaves para cumplir con su misión de garantizar la seguridad y el orden público o si esta inversión responde a otros intereses que poco tienen que ver con las necesidades reales de la institución y del país.
Policía de Colombia adquirió un avión Embraer ERJ 145XR en medio de controversia por su precio de 12,4 millones de dólares
Policía de Colombia adquirió un avión Embraer ERJ 145XR en medio de controversia por su precio de 12,4 millones de dólares
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