La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Defensa por la presunta adquisición de varios vehículos militares, transacción durante la que se habrían pagado sobrecostos, con lo que habrían desfavorecido los intereses económicos de la nación.
El Ministerio Público indicó que investigará los hechos, reseñados por medios de comunicación, que señalaron que posiblemente se asumieron pagos como el del envío de los elementos, el almacenaje y los ejercicios de pruebas que debían realizarse y que correspondían al contratista.
Asimismo, el Ente de control sostuvo que será materia de análisis el concepto a cancelar por la reingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones por un monto que elevaría el total a los 17 millones de dólares, el cual no debería, como al parecer ocurrió, ser asumido por el Ministerio.
La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Por su parte, la Fiscalía General de Nación llamó a varios funcionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos, el jefe de la cartera para recopilar los elementos necesarios que permita esclarecer las posibles irregularidades en el contrato con el que se pretende adquirir los 55 vehículos blindados 8x8 que serán entregados el Ejército Nacional para la defensa territorial de la Nación.
El equipo que liderará a investigación esta conformado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes recopilarán la información y los elementos probatorios para conocer con detalle los hechos relacionados con el proceso de contratación, tal cual como lo indica el Fiscal Francisco Barbosa, delegado de la investigación.
El fiscal Barbosa confirmó que dentro de la investigación “se ha tomado la determinación de citar a declarar, bajo gravedad de juramento, a varios funcionarios de ese Ministerio, entre ellos, el señor ministro de la Defensa”, Iván Velásquez.
El fiscal también confirmó que serán citados a declarar el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz; el director de Proyección de Capacidades de Innovación, Javier Mondragón; la asesora de contratación, Jenny Mora; los coroneles Óscar Melo Muñoz y Carlos Luque Ochoa; y el integrante del comité técnico de ese proyecto, sargento viceprimero Andrés Aldán.
Cabe recordar que la Revista Semana denunció un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares en el contrato que fue firmado el 29 de diciembre del año pasado por la entonces secretaria general Ana María Garzón.
El Ministerio de Defensa le salió al paso de las denuncias y anunció que solicitó una auditoria especial a la Contraloría General de la Nación sobre el contrato por la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para el Ejército Nacional, el cual se firmó por 305 millones de dólares, es decir, 1.3 billones de pesos.
El Ministerio de Defensa Nacional en su misión de mantener las capacidades de las Fuerzas Militares suscribió un contrato en el mes de diciembre de 2022, para la adquisición de 55 vehículos 8x8 blindados, que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera.
De este grupo de vehículos, se tiene proyectado que los primeros 9 ingresen a territorio nacional en el año 2026 en la medida que se ejecute el plan de pagos programado se seguirán recibiendo hasta el 2032.
Estas nuevas adquisiciones se realizaron a través de un acuerdo gobierno a gobierno por la suma 305 millones de dólares, proyecto aprobado mediante documento Conpes 4079 destinado al Sistema de Defensa Nacional, (Siden). Dicha contratación se realizó con proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto.
Con relación a presuntos sobrecostos que se hubiesen presentado en la adquisición de dichos vehículos, el Ministerio de Defensa se permite precisar que, de acuerdo con la información disponible que ha sido corroborada, tal irregularidad no existe. Debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato; sin embargo, se le exigió al contratista discriminar los valores, en aras de identificar cuales servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos.
En todo caso, el ministro de defensa nacional ha solicitado a la Contraloría General de la República una auditoría especial relacionada con toda la contratación efectuada el pasado mes de diciembre en ejecución del Conpes 4078, a la que se hizo referencia en un comunicado del ministerio, publicado el pasado 6 de febrero de 2023.
1. Almacenamiento y ejercicios de prueba: Son actividades propias del ejercicio que realiza cualquier proveedor de un bien, incluso no destinado al sector defensa.
2. Administración de ingeniería y gestión del programa: Este ítem hace referencia a los costos que tendrá el contratista en temas administrativos para la fabricación e integración de los vehículos. Es importante destacar que el proveedor de los vehículos no cuenta con dichos bienes en stock, toda vez que los mismos se fabrican con condiciones y características técnicas únicas requeridas, en este caso por el Ejército Nacional.
3. Ingeniería no recurrente: Exigencias técnicas determinadas por el Ejército Nacional que demanda al contratista un diseño y desarrollo adicional a los elementos ya estandarizados para la producción y puesta en funcionamiento de los vehículos. Por ejemplo, el contratista deberá lograr la integración de los sistemas de armas y comunicaciones entre los vehículos con los que cuenta el Ejército y los adquiridos a través de este contrato.
4. Actualización de manuales: El manual actualizado le permite al Ministerio de Defensa realizar mantenimiento a los vehículos sin perder la garantía, lo que a mediano y largo plazo significa una optimización de recursos, dado que no se tendría que contratar este servicio.
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| Entes de control investigan posibles sobrecostos en la compra de 55 blindados LAV III para el Ejército de Colombia |
