Quedó definida la ponencia de la reforma constitucional de Justicia Especial de Paz (JEP), allí se ratifica que guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad podrán participar en política en las elecciones de 2018.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta ponencia está ajustada en su totalidad a los acuerdos de paz, por tal motivo no existe ninguna novedad en lo que se va a debatir en el Congreso desde esta semana.
“Las Farc van a poder participar en la actividad política, recuerden que ese fue uno de los temas de mayor discusión con los partidarios del ‘No’ y uno de los temas en los que con toda claridad el presidente Santos le dijo al país y a los colombianos que no se había podido avanzar para establecer limitaciones a esa participación“, afirmó
Sin embargo, eso se definirá de acuerdo a las sanciones que sean estipuladas en cada caso de los guerrilleros que se sometan a la JEP.
“Eso tendrá que definirlo el magistrado en cada caso de acuerdo a las sanciones que le imponga en cada caso en los crímenes de guerra, en los delitos de lesa humanidad“, sostuvo Cristo.
A su turno, el coordinador ponente en la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, del Partido de La U, explicó que los guerrilleros podrían participar en las elecciones de 2018.
“Conforme a los dos actos legislativos que presentaron, especialmente el de Jurisdicción Especial para la Paz, estos guerrilleros, sean cabecillas o no, que cometan estos delitos, podrán participar en política y podrán participar en las elecciones que se vienen para el año 2018“, puntualizó.
De aprobarse esta iniciativa, que seguramente será así por las mayorías que tiene el Gobierno en el legislativo colombiano, los guerrilleros quedarán habilitados aproximadamente en marzo o abril de este año (2017) y podrán hacer campaña de cara a las elecciones de 2018 sobre las que han manifestado que buscarán hacer una coalición para apoyar a un candidato que garantice la continuidad del acuerdo y no tener uno propio.
De ser aprobada esta medida el Congreso iría en contravía con el fallo de la Corte Constitucional después de su discusión sobre el marco jurídico para la paz en 2014 en que el dijeron que los guerrilleros hallados culpables de crímenes de lesa humanidad no podrían participar en política.
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