El ente de control advirtió que presuntos guerrilleros de las Farc estarían extorsionando a los operadores del servicio de alimentos escolares en 5 colegios del departamento.
Una denuncia de la Defensoría del Pueblo indica que los alimentos escolares para 400 estudiantes de cinco colegios de zona rural de Miraflores (Guaviare) están siendo retenidos por presuntos miembros de las Farc hasta que la empresa operadora pague una alta suma de dinero para que se les permita el paso.
Medidas urgentes para garantizar el derecho a la educación y el acceso a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes adscritos a 5 internados ubicados en zona rural de Miraflores, Guaviare, solicitó la Defensoría del Pueblo tras conocer graves denuncias formuladas por el contratista encargado del aprovisionamiento hacia esas instituciones académicas, respecto a la intromisión de grupos armados ilegales que impiden su labor.
Según lo expresado por la empresa operadora para el suministro de los productos perecederos, los combustibles necesarios para asegurar la preparación de las comidas, los elementos de aseo asignados a los colegios y demás insumos con destino a los estudiantes, presuntos guerrilleros de las Farc apostados sobre el río Urilla habrían impedido el paso de una embarcación con estas materias primas, condicionando el futuro tránsito de la misma al pago de una suma considerable por parte del contratista.
De acuerdo con el relato expuesto en comunicación oficial fechada el pasado 14 de abril y dirigida a la Gobernación del Departamento, los hechos ocurrieron dos días antes en un sitio conocido como El Zancudo, en la vereda La Unión del municipio de Calamar, donde hombres fuertemente armados que se identificaron como miembros de las FARC-EP detuvieron la embarcación, lanzaron la advertencia y obligaron al retorno de la misma sin que los elementos requeridos pudieran llegar a su destino. Los presuntos guerrilleros habrían manifestado que de no efectuarse el pago por ellos exigido, se impediría el acceso del operador a todas las instituciones educativas localizadas en su área de influencia.
Advierte el contratista en su comunicación que al ser retenidos por tanto tiempo, los víveres entraron en deterioro y además de no ser entregados tuvieron que ser desechados en detrimento del derecho fundamental que le asiste a los niños y niñas de internados como Iltilla La Reforma, Caño Tigre, Caño Giriza, Puerto Córdoba y Cristo Rey, todos en zona rural de Miraflores.
Aunque la empresa dispuso un plan de contingencia que permitiría el aprovisionamiento de víveres frescos durante cuatro días, la continuidad en el suministro de los alimentos está en riesgo, como también la integridad y bienes del operador.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo propuso adelantar un consejo de seguridad, el cual se llevó a cabo este jueves, con el propósito de establecer si en efecto son las Farc el actor que restringe el paso de los insumos y extorsiona al contratista, y para que en todo caso se den las garantías suficientes y permanentes a fin de proteger los derechos de la comunidad académica en el departamento del Guaviare.
Con información de: Defensoria del Pueblo.
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