En un giro significativo dentro de la política antidrogas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia contempla reactivar el uso del glifosato como herramienta para la erradicación de cultivos ilícitos, específicamente a través de aspersión terrestre. La medida, que representa un retorno parcial a una estrategia largamente cuestionada por sectores de izquierda por sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente, se materializó mediante un contrato suscrito en febrero de 2025 por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El documento, revelado por el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde), confirma que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional abrió un proceso contractual por 7.700 millones de pesos destinado a la adquisición de glifosato con una concentración activa de 480 gramos por litro. El contrato incluye no solo el suministro del químico, sino también la logística, capacitación del personal, compra de equipos especializados y la ejecución de operaciones supervisadas conforme a estándares ambientales vigentes.
La reactivación del glifosato ha generado una intensa polémica política, en tanto contradice abiertamente las promesas realizadas por Gustavo Petro durante su campaña presidencial de 2022, donde enfatizó su rechazo al uso de este herbicida. Petro ha sido históricamente uno de los principales opositores a esta sustancia, argumentando que “criminaliza a los campesinos productores de coca” y que “no es efectiva como solución de fondo al problema del narcotráfico”.
“El Gobierno de Gustavo Petro incumple otra promesa y ordenó retomar el uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos”, denunció Sastoque a través de la red social X, añadiendo que la medida contó con el aval de varias entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio de Ambiente, entonces bajo la dirección de Susana Muhamad.
El proceso contractual fue formalizado entre el 21 y el 26 de febrero de 2025, coincidiendo con la última etapa de la gestión de Velásquez en el Ministerio de Defensa, quien presentó su renuncia irrevocable días después, en medio de tensiones internas en el gabinete.
En declaraciones ofrecidas en rueda de prensa, el actual ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reconoció la existencia del proceso contractual, aunque precisó que su aplicación dependerá de la evolución de los programas alternativos de sustitución de cultivos ilícitos.
“Por compromisos ya adquiridos, por decisiones que se habían hecho, vamos avanzando. Hasta ahora es un proceso de contratación. Esperamos, ojalá, que funcione tan bien la sustitución que no sea necesario emplear este método”, afirmó el ministro.
Sánchez explicó que la estrategia de seguridad rural del Gobierno se centra en la transformación territorial y en la promoción de economías legales como alternativa al cultivo de coca. “Lo que busca el Gobierno es reemplazar esos cultivos por proyectos productivos dignos y rentables. En toda esa estrategia, la idea es hacer no rentable el cultivo de coca”, subrayó.
Y añadió: “El presidente ha sido claro: lo que menos desea es emplear el glifosato. Por eso, estamos reforzando todas las acciones en la línea de sustitución voluntaria. No se trata de volver a una política de erradicación forzada indiscriminada, sino de disponer de todas las herramientas disponibles para enfrentar este delito de forma integral”.
El uso del glifosato en Colombia ha estado históricamente condicionado por decisiones judiciales y evaluaciones científicas. En 2015, el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión aérea tras una orden de la Corte Constitucional basada en advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó al glifosato como “posiblemente cancerígeno” para los humanos.
Posteriormente, el Gobierno de Iván Duque intentó reactivar las fumigaciones aéreas mediante el Decreto 380 de 2021, el cual fue frenado por nuevas decisiones judiciales que exigieron condiciones sanitarias, ambientales y sociales específicas, incluyendo la realización de consultas previas con comunidades afectadas. En enero de 2022, la Corte volvió a bloquear un intento de Duque por reintroducir la aspersión aérea a gran escala.
Desde entonces, el país ha enfrentado una reducción sostenida en sus cifras de erradicación. Según la Policía Antinarcóticos, en 2024 solo se erradicaron 9.403 hectáreas de cultivos ilícitos, una caída dramática respecto a las 60.044 hectáreas erradicadas en 2021.
La revelación del contrato ha provocado reacciones diversas tanto en la opinión pública como en el ámbito político. Mientras sectores oficialistas consideran que se trata de una medida excepcional ante la presión internacional para reducir las áreas de cultivo de coca —de las cuales Colombia sigue siendo el principal productor mundial—, críticos acusan al Gobierno de incoherencia.
“Antes, Gustavo Petro rechazaba el glifosato incluso para jardinería y prometía no usarlo en su gobierno. Hoy, con el país lleno de coca, recurre a la misma fórmula de siempre. ¿Cambio? No, más de lo mismo”, escribió Sastoque, rescatando antiguos pronunciamientos del presidente.
Por su parte, la canciller Laura Sarabia reconoció en entrevista con La FM que la firma del documento fue responsabilidad del exministro Velásquez, y no obedeció a una directriz presidencial. “La instrucción del presidente era diferente y era no usar glifosato”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores.
En palabras del ministro Pedro Sánchez: “Colombia necesita resultados en su lucha contra el narcotráfico, pero también necesita soluciones estructurales que permitan a las comunidades rurales salir de la economía ilícita. Esta es una transición compleja que exige coherencia, firmeza y responsabilidad”.
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| Colombia reactivaría el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en medio de la presión internacional por la lucha contra el narcotráfico |
