El Congreso de Estados Unidos aprobó este viernes 20 de diciembre un paquete de 448 millones de dólares para entregar a Colombia a lo largo del año 2020. La cifra, que es resultado de la negociación entre las dos cámaras del legislativo estadounidense, es muy superior a lo que el presidente Donald Trump había solicitado a comienzos de año.
De los US $448 millones autorizados para el año entrante, US $ 180 millones serán destinados para la lucha contra el narcotráfico; US $ 21 millones para fortalecer las labores de desminado humanitario, US$ 38,5 millones para programas militares y una pequeña partida de US $ 1,4 millones para entrenamiento y educación militar.
El Congreso de Estados Unidos también decretó que 61 millones se empleen en asistencia para el desarrollo, mientras que $146 millones de dólares serán enviados al Fondo para Apoyo Económico (Economic Support Fund), que por lo general respalda programas relacionados al proceso de paz, indígenas, Organizaciones No Gubernamentales y la Fiscalía General de la Nación.
Esta partida presupuestaria, que crece en US $ 30 millones de dólares frente al presupuesto del año anterior, establece varias condiciones que debe cumplir el Estado colombiano, para recibir este aporte económico.
La entrega del 20% de los recursos que se usarán en lucha contra el narcotráfico serán girados una vez que el Departamento de Estado certifique que Colombia ha avanzado en la meta de reducir para 2023 en un 50% la extensión de los cultivos ilícitos.
Así mismo, el desembolso del 20% del rubro de financiamiento militar solo se hará si el Gobierno estadounidense comprueba que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y otras autoridades toman medidas efectivas para responsabilizar a los autores de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo a altos mandos, y condenarlos a la privación de libertad.
Además, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, debe garantizar que no haya más líderes sociales muertos y que los militares que estén involucrados en casos de ‘falsos positivos’ sean judicializados y condenados, si quiere recibir esta ayuda monetaria.
En el texto del documento, los legisladores también sostienen que la ayuda deber ser utilizada para respaldar comunidades impactadas por la migración, implementar el proceso de paz, expandir la presencia de las instituciones civiles en áreas rurales y capacitar a exguerrilleros.
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